José Antonio Vera (*)
Las internas de todos los partidos políticos paraguayos, una media docena, que compiten para las elecciones nacionales de abril próximo, han concluido este fin de semana con insoportable contaminación sonora y extrema suciedad de murales y calles, en una descontrolada invasión de los lugares públicos por una esquizofrenia propagandística que lleva más de un mes, generando creciente zozobra de la ciudadanía, y un atentado mayúsculo a sus derechos de gozar de un ambiente de mínimo respeto.
La población está viviendo en medio de ruidos atronadores de altoparlantes y bombas, incluso balazos de verdad, y esa agresión auditiva y visual se agrava con el incesante arreo de votantes, primero los colorados, hace 20 días, coronando padrino al empresario Horacio Cartes, sospechado de encabezar una organización regional de narcotraficantes y lavado de dinero, seguidos una semana y media después por la ceremonia liberal que, aunque en el gobierno, y quizás por haberlo usurpado hace seis meses, resultó patética en los números de participación y en el ritmo y cacofonía de sus principales actores.
Las cúpulas dirigentes de ambas organizaciones, sin excepción, continúan comportándose convencidas de que la función las inmuniza contra todo deber ciudadano en democracia, como el respeto al prójimo, a la ley, al derecho y a la justicia, y terminan confiscando el Estado en beneficio de la ambición personal, familiar o de pequeños clanes partidarios.
La impunidad resultante los arropa, y en sus diversos actos dejan ver que sólo responden a un tipo de Constitución Secreta, que eliminando la separación de poderes los ha unido en uno solo, inmoral y sin la más mínima sensibilidad social, enajenados por una demencial y acelerada carrera hacia el enriquecimiento sectorial sin límites.
Frente a ello, y sin que esté exenta de mediocridad y corrupción, la oposición presenta un suicida fraccionamiento, cuyo grueso está conformado por un porcentaje empequeñecido, por desilusión, de los partidarios del proceso de cambios que dirigió Fernando Lugo entre el 15 de agosto del 2008 hasta el 22 de junio pasado, cuando fue depuesto por el golpe parlamentario que representó un mazazo a la recién despertada conciencia sociopolítica, principal objetivo de los conspiradores y su diseñador imperial.
El Frente Guasu, con dos años y medio de vida, es víctima de sus propias indecisiones y la vacilación de Lugo de asumir su papel de conductor cuasi automático, en virtud de su alto capital político, en buena parte aún vigente, ha hecho perder mucho tiempo, desalentando a la ciudadanía mejor pensante, que se siente acéfala, desorientada, algo resignada a continuar viviendo en un país donde la noble política está prostituida.
En las propias filas autodefinidas como progresistas, también corre por su cuenta Mario Ferreiro, al frente de un minúsculo grupo Avanza País, un exitoso maestro de ceremonia y presentador de TV, sin ninguna trayectoria política, además de un movimiento feminista impotente en su esfuerzo por unificar las fuerzas democráticas, encabezado por la exMinistra Lilian Soto.
Hasta hace apenas siglo y medio, Paraguay era una República ejemplar en Suramérica pero el precio que le cobró el imperio británico por su soberanía e independencia, fue atroz, utilizando a los ejércitos mercenarios de Brasil, Argentina y Uruguay para aniquilar, entre 1865/70 esa desobediente experiencia de libertad política y justicia social, genocidio conocido por Guerra de la Triple Alianza, definida por Eduardo Galeano de Triple Infamia.
Sobre las cenizas, el poder lusitano creo el Partido Colorado y los porteños al Liberal, que durante los últimos 130 años se han sucedido en los gobiernos, con mayor permanencia el primero, registrando la historia breves lustros de buena administración e, incluso, hasta un fugaz y remarcable pasaje de estatismo avanzado conducido por el liberal Eligio Ayala (1924/28) y una particular experiencia reformista, de sólo un año, mérito del Coronel Rafael Franco (1936).
Fuera de esos pasajes promisorios, el pueblo paraguayo ha sido objeto durante más de un siglo, de gobiernos despóticos, a cada cual más corrupto, que han convertido el país en una gran cantera de enriquecimiento de la mayoría de los miembros de ambos aparatos partidarios que, en el transcurrir del tiempo, han ido tomando cuerpo y hoy constituyen un estamento social que puede llamarse oligarquía, de muy bajo nivel cultural y gigantesca voracidad, producto del diseño y conducción por Estados Unidos.
En los documentos oficiales Paraguay es una República, pero en la realidad es una semicolonia, caricatura de ese sueño humano de armonía fraterna en una convivencia de razón, justicia y libertad, y de laicidad y solidaridad entre sus habitantes, instalando y desarrollando en la práctica cotidiana principios éticos de deberes y derechos ciudadanos.
La estructura del Estado está podrida, y su Carta Mayor, que en los papeles norma la conducta nacional, es una hechura de circunstancias, absolutamente desfasada, que desde 1992 otorgó el mayor poder al parlamento, contribuyendo a prostituir aún más a los tres poderes, consagrados ante la mirada ciudadana como indignas instituciones.
El desplazamiento por sus más próximos sirvientes del General Alfredo Strossner en febrero de 1989, tras 35 años de poder monárquico, es decir, criminal y ladrón, fundador entre otras atrocidades de la Operación Cóndor, abrió una fase de oportunidades para los codiciosos aventureros que lo rodeaban y que rápidamente conformaron camarillas politiqueras que están instaladas en el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo como organizaciones delictivas que mantienen secuestrado el país.
Esos círculos mafiosos se mueven con la convicción de que la actividad política es la mejor inversión comercial para enriquecerse en sólo cinco años, consiguiendo un cargo en cualquiera de los entes públicos que, en los registros contables, son organismos privatizados por los dos grandes partidos, con una inocultable y vergonzosa colaboración de sectores llamados democráticos y hasta progresistas.
En los seis meses que lleva el gobierno liberal faccioso, está vendiendo el país sin el menor rubor a las corporaciones transnacionales de la minería (Río Tinto Alcan) y del agronegocio y sus paquetes tóxicos utilizados en la agricultura transgénica (Monsanto, Cargill, Syngenta y otras). Quienes se oponen a esa política entreguista son duramente reprimidos, en un retorno a mecanismos prefacistas, infundidores del viejo miedo.
Por reclamar tierra para trabajar, las mismas que brasileros y menonitas (en su mayoría), ocupan ilegalmente entre 8 a 12 millones de hectáreas, premio del régimen estronista a la incondicionalidad, decenas de campesinos están presos desde hace meses sin que el Ministerio Público haya podido condenarlos, por carecer de alguna mínima prueba. En los últimos 22 años unos 200 labriegos rebeldes han sido asesinados por policías o capangas.
La represión política, junto con los medios de comunicación venales, continúan una cerrada campaña de victimización de los dirigentes campesinos que reclaman Reforma Agraria. Fiscales y Jueces condenan sin pruebas, denunciados a diario por varias organizaciones, movimientos sociales, grupos de ciudadanos, los juristas que integran el Tribunal Etico y una Coordinadora de Investigación sobre la masacre de 12 campesinos y cinco policías el 15 de junio en Curuguaty.
Ese episodio se produjo una semana antes del derrocamiento de Lugo, en un acto que el grueso de la sociedad interpreta como un crimen urdido como pretexto para someter a Juicio Político al Presidente Constitucional por un Parlamento amoral que, en 30 horas cortó el proceso de cambios que llevaba cuatro años, a sólo nueve meses de las elecciones nacionales del próximo 21 de abril.
Numerosos elementos confirman que el plan para destituir a Lugo había comenzado el mismo día de su elección, el 20 de abril del 2008, por el Vicepresidente y actual mandatario golpista, el liberal Federico Franco, quien 15 días después, en un viaje a Nueva York, declaró a un grupo de compatriotas que “por ahora está EL”.
Encontrar el pretexto en forma oportuna constituyó el mayor problema en estos cuatro años para quienes diseñaron la destitución, léase Secretaría de Estado de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales del agronegocio, en particular Monsanto, y la megaminería, con la tenebrosa Río Tinto Alcan a la cabeza.
Los oligarcas locales, agrupados en los gremios de la agro-ganadería y el contrabando de toda laya, cerrando filas, como siempre lo han hecho desde que los imperios, inglés primero y norteamericano hasta ahora, acabaron con la República, se sirvieron de los políticos serviles y angurrientos para que hicieran el trabajo sucio, como fue montar el asesinato de campesinos y policías como pretexto golpista, a cambio de una buena paga.
El terreno venía siendo abonado por secuestros de hacendados, nunca esclarecidos, aunque la cofradía mediática acusa siempre al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una fantasmagórica guerrilla, como ocurrió con el ganadero Fidel Zabala, en un caso muy especial porque es hermano del abogado Diego Zabala, representante en Paraguay de la Río Tinto, elevado a Viceministro de Industrias y Comercio a la semana del golpe.
El plan incluyó la promesa de las transnacionales de financiar la campaña electoral del Partido Liberal, cosa que se visualiza claramente con la firma secreta de un preacuerdo entre el gobierno usurpador y la Río Tinto, para instalar una gigantesca fábrica de aluminio destinada al mercado brasilero, desde donde, absurdamente, proviene la bauxita, esencial materia prima que Paraguay carece, aunque en cambio tiene abundante energía hidroeléctrica, mano de obra barata y una gran capacidad para operar en la ilegalidad administrativa e incluso instalar gobiernos ilegítimos.
En respuesta a tanto atropello a la ciudadanía, la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, convocó para ayer una concentración en el centro de Asunción en reclamo a las autoridades nacionales del esclarecimiento del Crimen de Curuguaty, con 11 campesinos y cinco policías asesinados, la liberación de las decenas de labriegos presos sin pruebas y el fin de la represión constante de las familias humildes del campo paraguayo, como método de quebrar la resistencia popular, porque sus organizaciones conforman el núcleo mayor del repudio al gobierno usurpador.
(*) especial para ARGENPRESS.info
