José Antonio Vera (*)
El tema de la tierra en Paraguay, su tenencia actual y futura, y su inmensa riqueza del suelo y subsuelo, constituye o debería constituir el centro del más importante debate nacional, entre las personas e instituciones comprometidas con el avance del proceso de cambios que, indudablemente está en marcha.
El acaparamiento de tierra, aberración hasta en la propia lógica de la rentabilidad capitalista moderna, y el modelo de producción, casi de monocultivo volcado hacia la exportación, sin la mínima atención a la demanda interna, son puntos que deben estar agendados en la discusión actual sobre la necesidad impostergable de una reforma agraria de verdad, no esa espantosa y pantomimera estafa del estronismo.
Hay documentación suficiente probatoria de la usurpación de más de ocho millones de hectáreas fiscales por parte de familias, civiles y militares, vinculadas a la tiranía del General Alfredo Strossner que las enriqueció para comprar su complicidad y que, desde entonces, han especulado con esas propiedades con fines únicamente financieros, sin la menor intención de utilizarlas en proyectos de desarrollo nacional.
Por cómplices, son igual de culpables quienes han integrado durante todos estos años el Congreso y el Poder Judicial y, hasta el 2008, el propio Ejecutivo, que perteneciendo o apoyando la lista de falsos campesinos, han permanecido de espaldas al derecho de los verdaderos a disponer de la tierra suficiente para sustentarse.
Ningún gesto conoce el pueblo que hayan hecho los órganos de justicia para gestionar la recuperación de los ocho millones de hectáreas mal adjudicadas, que hace varios años denuncióla Comisión Verdady Justicia. Mientras tanto, entre los parlamentarios, las culpas conocidas, siguen arropando el silencio.
Necesarias profilaxis partidarias: Acaba de denunciar el Director del Instituto Nacional de Reglamentación de Tierras (INDERT), Mariano Barreto, que Magdaleno Silva, parlamentario colorado, con varios antecedentes nebulosos, amparados por la impunidad de que goza, ocupa mil400 hectáreasque corresponden a beneficiados por la llamada reforma agraria.
Toda otra vergüenza nacional, no personal, porque no la tiene y, por un mínimo de prolijidad orgánica, su propio partido, que pretende volver a gobernar el país, debería sancionarlo, porque la hora ha llegado de saber con quién y con quienes se puede reconstruir esta patria desquiciada.
El Partido Popular Tekojoja, junto al grueso del colectivo Frente Guasú, que integran unos veinte partidos de izquierda y de centro, movimientos sociales y organizaciones progresistas, identificados en un perfil doctrinario basado en la justicia y equidad humana, convocan a construir un acuerdo de unidad nacional, con la suma de lo mejor del país, excluidos los vendepatria y los delincuentes que operan para mantener a Paraguay en el atraso cultural y la miseria, en la inseguridad y el desempleo.
Fácil es comprender que este miembro fundador del MERCOSUR, que acaba de sumarse formalmente a la UNASUR, agropecuario por esencia, despegue con la estructura agraria heredada, y mientras esa rémora esté vigente en la vida económica nacional, la exclusión y el hambre de miles de paraguayos continuarán generando cada vez mayores conflictos sociales.
A ese flagelo se suma la pérdida anual de una enorme masa de dinero por parte de Hacienda, dado que la mayoría de los poseedores de las grandes fortunas, se niegan a pagar el Impuesto ala Renta Personal, y ni qué hablar de su fortuna personal, ni mucho menos a la agroexportación, que es el rubro básico que permitió alcanzar el 14.5 por ciento del PIB el año pasado, sin que ello generara el más mínimo beneficio al millón de paraguayos, uno cada cinco, que sub-viven en la miseria.
Dos proyectos de ley, para gravar la exportación de soja, maíz y girasol, han sido presentados en el Congreso en los dos últimos años, uno por el Senador Sixto Pereira, Presidente de Tekojoja, quien propuso un 12 por ciento, y otro por su colega del Partido Liberal, Gómez Verlangieri, de seis por ciento, pero ninguno ha prosperado.
Los grupos de compulsiva acumulación, prosigan su inhumana conducta de ciego egoísmo, concentrando al máximo las riquezas nacionales, en honor a la maldad que está en su esencia ideológica, nacida para fabricar hambrientos.
Mientras 300 mil familias campesinas viven como parias, el 2.5 por ciento de los seis millones de habitantes, cientos de miles de extranjeros ricos, acapara el 86 por ciento de la tierra más fértil.
A esa injusticia, ha contribuido la magra gestión del INDERT hasta agosto del 2008, cuando asumió de Presidente el Ingeniero Alberto Alderete, quien inició una investigación sobre los títulos de propiedad, procurando sobreponerse a la falta de un catastro nacional, que todavía no se realiza.
La rosca cerealera-ganadera le saltó al cuello de inmediato, y de nada valió su buena voluntad y predisposición para encontrar acuerdos con todos los actores en conflicto, desde los más grandes latifundistas hasta las dirigencias de los movimientos y organizaciones campesinas.
Alderete se vio forzado a renunciar al año y medio, acosado por todas partes, sin encontrar el apoyo necesario en el propio Ejecutivo, por la actitud displicente de algunas áreas ministeriales, que estimulaban el rechazo, zancadillas e improperios de los mandamases del campo.
Respuesta similar a la exhortación al diálogo, está recibiendo de parte de esos mismos sectores, el actual Director del INDERT Marciano Barreto, tal como ocurre con Miguel Lovera, Presidente del Servicio Nacional Vegetal, otro organismo del Gobierno de Lugo que intenta trabajar haciendo respetar las leyes nacionales.
Formados en la cultura del matonaje, de actividades escondidas y en el autoritarismo que irguió durante siete décadas el Partido Colorado como norma de gobierno y de militancia partidaria, una buena parte del empresariado oligárquico nacional, ignora la riqueza del diálogo y la buena educación.
Faltaría crear un Consejo Nacional de la Decencia: Nadie desconoce en Paraguay que una sola fuerza política y, mucho menos un solo dirigente, sacarán al país de su atraso y de sus relaciones sociales injustas, que hacen de la exclusión y marginación de un cuarto de la población, un hecho sin posibilidad de transformación.
Esa constatación fuerza la concertación a través del diálogo y del compromiso de todos quienes estén dispuestos a rodear una mesa de conversaciones, para intentar encontrar fórmulas de salida, a sabiendas que nadie tiene la verdad absoluta y que un acuerdo de carácter nacional, depende del aporte de ideas que hagan todos.
La convocatoria a debatir está lanzada, sólo falta que cada fuerza asuma la responsabilidad de contribuir, invirtiendo todos sus esfuerzos, planes y proyectos en esa ineludible empresa para que el país pueda beneficiarse con una reforma agraria que, por primera vez en 146 años, después del genocidio de la Triple Alianza, traiga justicia para los miles de familias de labriegos sin tierra y hambrientos, y aporte beneficios al bienestar nacional.
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