José Antonio Vera (*)
Nido de ratas, el título de la famosa película de Marlon Brando, se aplica a la perfección al núcleo más grueso de los parlamentarios paraguayos, y si ello no es novedad, por lo ya conocido, hoy es necesario recordarlo y denunciar el mazazo que la Cámara de Diputados acaba de dar al Código Laboral, convirtiendo en ley el proyecto de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
“Esto es retrotraer a nuestro país a las nefastas políticas de Collor de Melo en Brasil y ala de Carlos Menemy Cavallo en Argentina, es hacer padecer a nuestro pueblo la catástrofe económica y social que sufre Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, e Inglaterra”, declaró el abogado laborista Gustavo Benítez Manzzini.
Sigilosamente, casi a escondidas, en cuatro meses justos, se ha aprobado este engendro que, si el Presidente Fernando Lugo no lo veta, representará un retroceso histórico de las conquistas populares, de los derechos de los trabajadores y un inmenso perjuicio para la sociedad.
La decisión de la cámara baja contiene una doble perversidad. Por un lado, pretende beneficiar a las MIPYMES, maquillando otros objetivos y, en segundo lugar, pone a Lugo entre la espada y la pared, dado que si recurre al veto será abucheado por buena parte del empresariado, pero si rubrica la medida, recibirá la repulsa de los asalariados y sus familiares.
El respaldar y estimular la actividad y el desarrollo moderno de las MIPYMES es una necesidad nacional, pero lo justo y correcto es que ello forme parte de un plan de desarrollo económico y social integral, y no parcial, sectorial, excluyente y tramposo, como es la ley aprobada.
En segunda ronda, diputados dio vida este jueves al feto “de micro, pequeñas y medianas empresas de Paraguay”, diseñado por el Grupo Impulsor, que integran operadores privados y públicos, engendro que ya había aprobado el 14 de mayo último, en una primera instancia, y por el Senado hace cinco semanas.
¿En qué consiste el genial y filantrópico invento?. En una reforma inconsulta del Código Laboral, lisa y sencillamente, en una violación constitucional y en un despojo sin piedad de los derechos de los trabajadores, enterrando años de luchas y sacrificios.
La mayoría de los 45 Senadores y de los 80 Diputados, de un plumazo han enterrado el derecho de los trabajadores a percibir el salario mínimo, otorgando libertad a la patronal para fijar el sueldo que se le antoje, además de eximirle de pagar la indemnización por despido, el que puede decidir sin previo aviso.
La trampa del Grupo Impulsor, de neto corte ultraliberal, presentada por los diputados Víctor Yambay, del Partido Colorado, y sus colegas del Partido Liberal Eulalio Florentín y Eulalio Morel, consiste en beneficiar a todas las firmas que no superen el numero de 30 operarios asalariados, es decir, el 80 por ciento de las registradas en todo el país.
El demencial invento es un mazazo a la economía personal y familiar, una amenaza para el futuro del Instituto de Previsión Social (IPS), y la propia seguridad interna del país, porque acarreará mayor desigualdad y miseria, y sabido está que un estómago vacío puede ser peligroso, como uno satisfecho pacífico.
La nueva ley elimina todos los derechos del trabajador hasta con dos años de labor, quien puede quedar cesante sin despido ni previo aviso, dando lugar al empleo de otra persona, entre los miles que están sin trabajo y representan una masa de mano de obra barata y muy necesitada de un salario, por menor que sea.
Esta decisión parlamentaria instala la famosa precariedad laboral, y convierte todo el año en un permanente período de zafras, sin la menor garantía de continuidad para el laburante.
Finalmente, es un cheque en blanco para que los grandes empresarios fraccionen su firma o firmas en dos o más MIPYMES, para aprovechar todas las nuevas ventajas que el Congreso le ofrece al gran capital, facultando, además, la tercerización y eximiendo al empresario del aporte jubilatorio.
Todo depende ahora del Presidente Lugo, porque si aprueba la medida, cada establecimiento privado podrá cerrar las puertas al término de cinco años y reabrir otro cuando su dueño lo considere oportuno, con otra plantilla de personal, a los efectos de eliminar toda posibilidad de organización sindical.
La movilización popular de rechazo y repudio, es la única respuesta viable para sepultar este nuevo atropello a la dignidad del trabajador, y a la ilusión y esperanza de la mayoría del pueblo paraguayo de que el proceso de cambios, iniciado hace tres años, no se detendrá por más obstáculos que presenten a su marcha los enemigos del bienestar de la gente.
(*) www.argenpress.info
