Parlamentarios de varias bancadas de la Cámara Baja, presentaron, el “Frente Legislativo por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, bloque multipartidario conformado por diputados del PLRA, PEN, Avanza País y el Frente Guasú, forman parte.
A propósito, son integrantes del flamante bloque, los legisladores del PLRA José Ledesma (San Pedro), Víctor Ríos (Ñeembucú), Antonio Buzarquis (Caaguazú), Pastor Vera Bejarano (San Pedro), Amado Florentín (Cordillera, y Juan Félix Bogado Tatter (Capital).
De igual forma, conforman el Frente, los diputados Ricardo González (PEN-Central), Ramón Duarte (FG-Itapúa), Rocío Casco (AP-Central), y Karina Rodríguez (AP-Capital).
Según explicó el diputado Víctor Ríos, la plataforma de trabajo se centrará, principalmente, en concebir, presentar y defender proyectos de carácter económico, social y cultural. “Para ello, tomamos como marco normativo, el pacto internacional por los derechos económicos, sociales y culturales, que es un compromiso asumido por Paraguay, donde uno encuentra un catálogo de los derechos mencionados, que aún no fueron traducidos en políticas públicas por el Estado paraguayo”, recalcó.
Por su parte, la diputada Rocío Casco aclaró que “este bloque asume el compromiso, a través de este acuerdo político, y sobre todo, ante la necesidad urgente de corregir las desigualdades e inequidades que existen en nuestro país, de poder trabajar de manera coordinada y articular las posiciones con relación a los beneficios de la mayoría”.
“Hemos tomado la decisión de conformar este Frente, con la intención de apuntalar la discusión y, si es posible, la aprobación de proyectos que tiendan a establecer políticas más equitativas respecto al gasto social; y de otros aspectos relacionados a los sectores más carenciados y necesitados”, indicó, a su turno, el diputado Ricardo González.
Frente plural, progresista y popular: El nuevo Frente Legislativo se considera, a sí mismo, como un frente plural, progresista y popular, y se constituye con el objetivo de ofrecer un blindaje a los programas y proyectos sociales y económicos que defiendan los derechos de los sectores vulnerabilizados de la sociedad.
Además, pretende aportar sus esfuerzos al fortalecimiento de una democracia dinámica y participativa, basado en un compromiso común por los derechos humanos y la búsqueda conjunta de libertad, justicia, igualdad social – incluida la igualdad de género -, sustentabilidad y solidaridad internacional.
