El Gobierno paraguayo comenzó ayer un censo de la zona de Curuguaty y reiteró su voluntad «indeclinable» de recuperar para el Estado las tierras ocupadas por un empresario donde ocurrió la tragedia.
El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Luis Ortigoza, de visita en Curuguaty, demandó que los campesinos eviten nuevas ocupaciones de estas tierras en disputa, donde el pasado 15 de junio murieron 17 personas en un tiroteo entre policías y campesinos «sin tierra» durante una operación de desalojo.
Los «sin tierra» ocupaban una parcela de casi 1.800 hectáreascuya propiedad se disputan el Estado -que las recibió en donación en 1967- y el empresario-político «colorado» Blas N. Riquelme.
«Campos Morombí», una de las empresas de Riquelme, posee 50.000 hectáreas en Curuguaty y en 2005 sumó 1.800 anexas mediante un proceso de usucapión, que la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) consideró plagado de «múltiples irregularidades y falsedades».
La semana pasada, el presidente paraguayo, Federico Franco, anunció su intención de recuperar esas hectáreas para el Estado, dentro del «Proyecto Curuguaty» de desarrollo de las comunidades rurales de la zona.
Ortigoza aseveró que hay documentos que prueban que esas tierras «pertenecían a la Marina paraguaya» y afirmó quela Procuraduría General»se encargará de hacer un seguimiento del caso».
El contralor general, Pedro Valiente, se reunió con el presidente dela Corte Suprema, Víctor Núñez, al que demandó que el Poder Judicial complete el trámite administrativo de inscripción en el registro público de la propiedad de esas hectáreas, según la agencia estatal IP.
Valiente aludió a un informe de la Armada que revela que ésta «mantuvo la posesión del inmueble hasta 2004» y aseveró que se va a «desenmascarar» ala familia Riquelme, que asegura que ocupó y cuidó las tierras durante décadas, fundamento del proceso de usucapión. Paralelamente, la Procuraduría va a promover una acción de nulidad del juicio de usucapión.
En declaraciones a la emisora de radio Primero de Marzo, Jorge Riquelme, hijo del empresario, acusó al Ejecutivo de pretender imponer una solución exigiendo al empresario que «renuncie a sus derechos que tiene sobre la usucapión». Según la familia, ellos poseen también documentos que prueban que la Armada nunca ocupó físicamente el inmueble ni tuvo interés en titularlo.
El caos en los registros de propiedad complica una solución al conflicto por la tierra en Paraguay, donde un tercio de la superficie arable del país fue adjudicado irregularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) y los 15 años posteriores, según un informe de 2008 de la CVJ
Otro foco del conflicto son las tierras sojeras de Ñacunday donde el Indert efectuó también un censo la semana pasada, aunque en este caso lo hizo por sorpresa. El censo, que registró a sólo 1.400 campesinos «sin tierra» que ocupan parcelas de Ñacunday reclamando que son estatales, será tomado como «punto de partida» para la solución del conflicto en la región sojera fronteriza con Brasil, según Ortigoza.
El titular del Indert reiteró que en la zona no hay tierras del Estado -a diferencia de lo que afirmaban los responsables de la etapa de Lugo- por lo que el instituto evaluará otros predios para asentar a los campesinos.
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