Pedro Servín (*)
Un cuarto de siglo atrás los cuarteles paraguayos tenían unos 19.000 soldados de tropa. Hoy son menos de 3.000 debido a la vigencia de la objeción de conciencia, un derecho constitucional al que apelan los jóvenes para no cumplir con el servicio militar obligatorio.
El coronel Cayo Arréllaga, director de Comunicaciones de las fuerzas militares, admitió en una entrevista con The Associated Press que los cuarteles «han tenido etapas de dificultades ante la escasez de tropa para cumplir con su objetivo constitucional de custodiar el territorio nacional«.
Agregó que la objeción de conciencia «aparece en la constitución y la respetamos, pero no está reglamentada» y propuso que en lugar de pasar por alto el servicio militar los objetores cumplan a cambio, por ejemplo, «algún servicio social».
El certificado de objetor, generalmente por razones religiosas, es otorgado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados desde 1992, cuando comenzó a regir la nueva carta magna.
El desinterés de los varones jóvenes por el servicio militar creció tras publicarse en los años noventa casos de abusos y crímenes ocurridos en los cuarteles, lo que aumentó el desprestigio de las Fuerzas Armadas que habían sido el sostén de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).
Entre los abusos estaba el uso de reclutas en actividades domésticas en las viviendas de los oficiales de alto rango o trabajos no remunerados como jardineros, fontaneros, niñeros o auxiliares de construcciones particulares.
La organización no gubernamental Servicios de Paz y Justicia rechazó la propuesta y advirtió que «es necesario no olvidar que 147 jóvenes murieron desde 1989 hasta 2012 cumpliendo con el servicio militar obligatorio. En todas estas muertes impera la impunidad, entonces ¿qué garantías darán los militares hoy a los jóvenes?».
El comunicado de la organización se refería a fallecimientos en cuarteles en circunstancias no aclaradas por la justicia. Entre los casos más resonantes se cuentan la desaparición de Cristian Ariel Núñez y Marcelino Gómez Paredes, enrolados ilegalmente con 15 años de edad en 1998 y muertos aparentemente en un cuartel de infantería del árido Chaco Boreal, a unos 300 kilómetros al noreste de Asunción. En 2009 el entonces presidente Fernando Lugo otorgó a sus madres una pensión graciable equivalente a 400 dólares para cada una, pero los cuerpos de los jóvenes -cuyos casos habían llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- nunca fueron hallados.
«En la actualidad aquel jefe militar que recluta un adolescente menor de 18 años va a la justicia militar para ser juzgado y castigado», aclaró Arréllaga.
Las fuerzas armadas ofrecen por un año de servicio a tiempo completo alimentación, atención médica y estudios de oficios como electricista, mecánico automotriz, técnico rural y otros con rápida salida laboral mediante capacitaciones a cargo de los ministerios de Agricultura, Educación y Trabajo.
Al terminar su servicio el integrante de tropa tiene la posibilidad de concursar por un puesto de los 5.000 habilitados para soldado profesional con un salario de 350 dólares mensuales.
«El soldado profesional tiene sus estudios secundarios completos, con edad máxima de 23 años, y por la noche, si lo desea, puede ir a la universidad. El contrato es hasta tres años», explicó Arréllaga.
Para captar a los jóvenes, comentó el coronel, «en enero pasado, junto con otros jefes militares, visitamos medios de prensa como radios y canales de televisión de Asunción invitando a los varones de 18 años de edad a cumplir el servicio militar, que aunque por ley es obligatorio en la práctica es voluntario porque existe la objeción de conciencia».
La campaña fue satisfactoria porque «en febrero pasado se enrolaron 1.426 jóvenes para la tropa, cifra superior a los 1.176 que se presentaron en agosto de 2013».
(*) Associated Press / elnuevoherald.com
