Ana Inés Navarro (*)
Cuál es el impacto real en los empleos y en los salarios
La política migratoria es una de las cuestiones más polémicas y emocionalmente comprometidas del mundo actual.
Lamentablemente, el debate que rodea esta política a menudo ignora la vasta investigación académica que analiza un sinnúmero de aristas del tema, imposible de resumir en un artículo. Lo que queda claro de este corpus de análisis es que la discusión está plagada de falacias, al menos en el campo de los efectos económicos.
A contramano de lo que se suele creer, los inmigrantes no se quedan con los empleos de los nativos. Sólo si la economía está en recesión el efecto sobre el empleo puede ser negativo, pero la evidencia muestra que luego se recuperan los trabajos. El impacto sobre los salarios más bajos es real, pero sólo a corto plazo; a largo plazo recobran su nivel.
En la Argentina, el 5% de la fuerza laboral urbana es extranjera y dos tercios de ella provienen de países limítrofes. Puede haber excepciones, pero los datos muestran que vienen a trabajar: el 56% está ocupado. Generalmente se insertan en tareas de bajo nivel de capacitación, en condiciones informales y con menores remuneraciones, en parte por tener un nivel promedio de educación menor al nuestro: la mitad no finalizó la escuela secundaria.
Pero no puede soslayarse que el mercado laboral argentino se volvió muy rígido y que los programas de asistencia social -bienvenidos y necesarios en muchos sentidos- elevan el salario de reserva de los trabajadores nacionales. Los problemas para encontrar mano de obra para la recolección de productos regionales como la uva y las aceitunas dan cuenta de esto.
Más allá del aporte positivo que los inmigrantes hacen a la economía local y de la responsabilidad de la Argentina hacia la comunidad internacional, cristalizada en la Constitución, no hay que olvidarse de que las migraciones también traen consecuencias sociales, algunas muy negativas.
Es lógico que los países se protejan de quien no viene con buenas intenciones o arrastra problemas con la ley. La Argentina también lo hace: la ley de migraciones 25.871 niega el ingreso al país a aquel que tenga condenas en el exterior o antecedentes por tráfico de armas, de personas o de estupefacientes, entre otras causales. Pero si no se tiene información de quienes ingresan, la ley es letra muerta.
La firma de convenios de intercambio de bases de datos penales con países de América latina, propuesta por Macri, apunta a resolver la falta de información.
Es una forma de potenciar las migraciones, no de obstruirlas. Permite mantener las puertas abiertas y aprovechar los beneficios que la inmigración tiene para el país y para los inmigrantes.
Es, además, un medio real para una mayor y mejor integración económica, política y social con nuestros vecinos. De otro modo, puede suceder que la xenofobia gane terreno y triunfen las voces amigas de cerrar las puertas a todos sin distinción.
(*) Directora del Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral (nota publicada en lanacion.com.ar)
