El siguiente artículo es el editorial del diario ABC color publicado en su edición de hoy 4 de noviembre que lo transcribimos in extenso por considerarlo un tema sobre el que urge reflexionar profundamente:
Hay una verdad elemental en materia de agricultura de renta: si un rubro se vende mejor que otros, se cultivará este y se abandonarán los demás. Este es el caso de la marihuana. De modo que no es suficiente atacar fieramente su cultivo, quemando los acopios y persiguiendo a los cultivadores.
La cuestión es sencilla de entender: si los agricultores no obtienen buena renta de cultivos lícitos, no tendrán más opción que los ilícitos. “Si van a reprimir los cultivos, tienen que traer soluciones, porque, caso contrario, acá vamos a comernos todos, porque la gente va a pasar hambre”, dijo un intendente del departamento de Canindeyú, para graficar la tremenda dependencia de vastas zonas del país del cultivo de la marihuana. Más que criminalizados o desalentados por la fuerza, los campesinos agricultores de esas zonas necesitan urgentemente alternativas; y nadie más que el Estado está en condiciones de darles ni tiene la obligación de hacerlo.
Hay una verdad elemental en materia de agricultura de renta: si un rubro se vende mejor que otros, se cultivará este y se abandonarán los demás. Este es el caso de la marihuana, como todo el mundo sabe. De modo que no es suficiente atacar fieramente su cultivo, quemando los acopios y persiguiendo a los cultivadores. La cuestión es sencilla de entender: si los agricultores no obtienen buena renta de cultivos lícitos, no tendrán más opción que los ilícitos.
Es cierto que las organizaciones criminales se benefician grandemente con esta situación, pero ese simple proceso natural de la economía no tiene que ser asociado a la criminalidad. No es suficiente para explicar ni justificar la formación de bandas criminales o el auge del narcotráfico (algo mucho más amplio que lo referente a la marihuana, simplemente). Es preciso introducir en el análisis la variable de la falta de presencia de las instituciones estatales, de su ineficiencia y, sobre todo, de la grosera corrupción que las inficiona en todos los niveles.
En Canindeyú, al igual que en los departamentos aledaños, que se encuentran en el centro de las operaciones de tráfico, no solamente de marihuana sino de otros productos prohibidos, no hay suficientes caminos de todo tiempo, escuelas, centros de salud ni otros servicios públicos básicos. Sin embargo, no faltan agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), policías, fiscales y jueces.
El problema es que estos agentes estatales, o son de lo más ineptos, o están a sueldo del crimen organizado. Lo que sí es cierto es que el auge del cultivo de marihuana responde a que, en las últimas décadas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha hecho poco o nada para capacitar a los pequeños campesinos de las zonas productoras, a fin de que puedan cultivar y comercializar rubros agrícolas que les generen buenos ingresos. Esa es la razón de fondo por la que en algunos municipios, como el de Villa Ygatimí, la mayoría de los pobladores se gane el pan con el cultivo de marihuana, tal como reconoce en sus declaraciones a un diario colega el propio intendente de esa localidad, José Asunción Martínez.
“Si van a reprimir los cultivos, tienen que traer soluciones, porque, caso contrario, acá vamos a comernos todos, porque la gente va a pasar hambre”, fue una de las dramáticas frases del jefe comunal de esa localidad, que grafica la tremenda dependencia de vastas zonas del país del cultivo de esta droga.
La producción de marihuana no exige conocimientos ni cuidados especiales, y la cosecha es adquirida en la propia finca por quienes van a procesarla y exportarla a países de la región. Si bien los productores se quedan solo con una ínfima parte del precio con que se vende a los consumidores, en las actuales circunstancias, les resulta mucho más rentable plantar “maconha” antes que algodón o mandioca.
Así, ante el abandono absoluto por parte del Estado, ¿quién podría culparles por volcarse a la marihuana si ignoran los rudimentos de la agricultura moderna, y además tienen asegurada la provisión de insumos y también la venta de la cosecha? De hecho, así como están las cosas, en el estado de abandono de la región, no tienen alternativas en el sector agrícola que les puedan ofrecer mejores ingresos. Además, de esos recursos provenientes del narcotráfico se benefician no solo ellos, sino también indirectamente la banca y el comercio legal. Resulta que el dinero sucio tiene un gran efecto multiplicador, tanto que la economía de Canindeyú, Amambay, parte de Concepción y San Pedro depende en gran medida del crimen organizado.
Las medidas represivas tomadas tras el asesinato de nuestro corresponsal Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada han tenido como efecto colateral la reducción de los negocios lícitos, lo que seguramente impactará en la recaudación fiscal de la zona. La triste realidad es que también el Estado, paradójicamente, se beneficia financieramente de esta actividad delictiva. Ella no será erradicada ni a corto ni a mediano plazo con meras acciones policiales y judiciales, aunque estén en manos competentes y honradas. Hasta es presumible que los narcotraficantes sean encubiertos por quienes, en primera o última instancia, dependen de ellos para alimentar a sus familias.
Por todo ello, se impone que las medidas represivas contra este flagelo sean acompañadas cuanto antes por una decidida actuación del MAG que apunte a capacitar a los pequeños campesinos para que puedan liberarse de las garras mafiosas, poniendo a su disposición alternativas para reemplazar el cultivo ilícito. El Servicio de Extensión Agrícola tiene muchísimo que hacer. Urge que sus ingenieros agrícolas abandonen sus oficinas de Asunción y se lancen al departamento de Canindeyú y los otros, para que los campesinos conozcan los cultivos lícitos que les podrían dar suficientes beneficios, y sepan que recibirán una constante asistencia técnica. Tienen que abrirse más Escuelas Agrícolas, y el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento deben estar listos para conceder créditos al pequeño productor agrícola, en tanto que el Indert debe agilizar la expedición de los títulos de propiedad.
También hace falta que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones priorice la construcción de puentes y caminos transitables durante todo el año, de modo que los agricultores tengan un acceso seguro a los mercados y las fuerzas del orden puedan intervenir con rapidez allí donde la lucha contra el narcotráfico lo requiera. Es menester, pues, una acción concertada de las entidades públicas para impedir que las personas honestas se vean obligadas a cooperar con el crimen organizado para poder cubrir sus necesidades.
En Canindeyú, por ejemplo, hay municipios enteros controlados por los narcotraficantes –lo confirma el intendente de Villa Ygatimí–, tanto económica como políticamente. El propio gobierno departamental, lo mismo que al menos una diputada, estarían vinculados a ellos. Un anónimo campesino de Canindeyú explicó por qué se vota por los candidatos de la mafia: “Ellos son nuestros patrones, nuestros líderes; es más, ellos deciden quién vive y quién muere”.
Capacitar a los labriegos para que puedan dedicarse a otros cultivos no solo contribuiría a secar la fuente que genera tanto dinero mal habido, sino también a independizarlos de sus patrones de hecho. Los bandidos deben ser desplazados no solo por el aparato represivo del Estado, sino también por el MAG y otros organismos que, hasta ahora, han ignorado su deber de asistir a los pequeños agricultores, forzándolos así a convertirse en poco menos que en siervos del crimen organizado. No solo es cuestión de modificar las leyes y de limpiar de corruptos la Senad, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino también de modernizar la agricultura, combatiendo prácticas anticuadas y prejuicios nuevos, como el relativo al cultivo de la soja.
Más que criminalizados o desalentados por la fuerza, los campesinos agricultores de esas zonas necesitan urgentemente alternativas; y nadie más que el Estado está en condiciones de darles ni tiene la obligación de hacerlo. La inoperancia del Gobierno en este orden de cosas los está convirtiendo en miembros involuntarios del crimen organizado.
Estos compatriotas campesinos no deben ser perseguidos sino redimidos
