Roberto Sánchez
“La caudilla del sur y la prensa” (*), se titula una nota escrita por Edwin Brítez en el diario Abc color, donde el periodista descarga toda su paranoia y la obediencia debida.
Yo, como argentino hijo de paraguayos, que estaba disfrutando de la naturaleza en este bello paraíso que es Iturbe, debo reconocer que tengo sentimientos encontrados: la primera, de satisfacción, al conocer el amplio debate que abrió la supuesta pelea del gobierno argentino con Clarín y La Nación por el papel de los medios de comunicación en esta parte de América y la segunda, de indignación por contenido de la nota, por lo bajo, soez y el tono con que fue escrito.
Resulta que el periodista de marras, descarga toda su despreciable artillería sobre las soberanas decisiones del gobierno argentino, ofendiendo por lo menos al 54% de la población que votó, nuevamente, por Cristina Fernández de Kirchner. Ese señor escribiente debería preocuparse más por conocer la realidad del exitoso modelo implantado en la Argentina a partir del 2003 y que ha logrado un crecimiento económico en libertad sin precedentes lo que ha hecho posible también cientos de miles de puestos de trabajo a paraguayos que la habitan, dotándoles de una mejor calidad de vida y de recursos para enviar a sus familiares que viven en su terruño natal.
La ley 26.522, conocida como la “ley de medios” que critica el autor de la nota reemplaza a la vieja ley de radiodifusión de la dictadura militar argentina que era dirigido por un representante de cada fuerza militar, otro de la SIDE y otros de las empresas.
Para conocimiento de Edwin Britez le informamos las partes esenciales de dicha ley:
Ahora es dirigido por “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual” (AFSCA), órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos porla Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento dela Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Existirá también un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa. Este organismo está integrada también porla oposición.
La nueva ley da entidad a los canales de cable. Estos, antes “no existían” para la ley, sólo existían los operadores. Como en muchos otros países, habrá un mínimo requerido de producción nacional. Hoy casi no hay cine nacional en la televisión. Se reserva un 30% del espectro para entidades sin fines de lucro y otro 30% para canales como Canal 7 o Encuentro. Las licencias se entregan por 10 años y se pueden renovar por 10 años más. Después de eso tienen que volver a ir a un concurso.
La ley incluye también a un “Defensor del público”, que podrá actuar de oficio, o ante denuncias: una especie de fiscal permanente del público, con derecho a armar audiencias públicas, hacer juicios en nombre de la gente, etc. Es propuesto por una comisión bicameral, y nombrado por el presidente.
En síntesis, la Ley tiene como objetivo poner a disposición y alcance de toda la ciudadanía su patrimonio natural: el derecho a la libre información plural, en forma democrática y universal.
Aunque no creo que el susodicho periodista no esté informado suficientemente sobre la realidad de los medios en Argentina debido a la diversidad de fuentes del que dispone, tampoco creo que estos datos influyan sobre la “percepción” del articulista, habida cuenta que debe, necesariamente, obedecer ciegamente y adecuarse, “alinearse”, a la línea editorial del diario del cual es columnista, donde priman los intereses corporativos y la distorsión de las noticias en beneficio propio.
*publicado el 28 de diciembre de 2011
