Javier Rodríguez (*)
Un año después de los trágicos sucesos del 15 de junio del 2012, los paraguayos vuelven nuevamente los ojos hacia Curuguaty, a 240 kilómetros de Asunción, escenario del acontecimiento que dio un giro a la historia presente del país.
En realidad, no se trata sólo de un aniversario, porque Curuguaty permaneció presente durante todo el tiempo en el desarrollo del panorama político de la nación guaraní, que se mide en un antes y un después del sangriento desalojo campesino efectuado ese día.
Es imprescindible recordar los principales elementos que rodearon lo ocurrido entonces, muchos de los cuales siguen manteniéndose como puntos vitales, tanto para cualquier análisis de los hechos como del influjo que mantienen en el día a día paraguayo.
En primer lugar, todo partió de la impactante realidad que constituye el problema de la tenencia de la tierra en el país mediterráneo, con cifras impresionantes de una masa calculada en 300 mil campesinos sin acceso a ella, muchos viviendo en carpas en las cercanías de los grandes latifundios.
Más de un 40 por ciento de los paraguayos viven en territorios rurales, pero también más del 90 por ciento de las tierras cultivables está en poder del dos por ciento de grandes propietarios nacionales y extranjeros.
La pobreza golpea hasta al 49 por ciento de la población, 29 por ciento de ella viviendo en la pobreza extrema y es precisamente en este ultimo sector donde se ubica la mayor parte del campesinado que poco sabe o entiende de las jubilosas estadísticas sobre las buenas noticias publicadas continuamente en relación con el estado de la macroeconomía.
La ONU, la FAO, las instancias internacionales de Derechos Humanos, señalan reiteradamente la grave situación del campo paraguayo y la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos, que realizó un impresionante estudio sobre lo ocurrido en Curuguaty, sitúa a Paraguay como uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.
La ya famosa frase ¿Qué pasó en Curuguaty? se ha repetido miles de veces durante este año como consigna vital en protestas campesinas y sindicales, en manifestaciones y concentraciones, y en las pintadas que pueden verse en las calles de ciudades y pueblos.
Hay cosas que están muy claras para todos. El fatídico 15 de junio del pasado año, más de 600 policías armados llegaron hasta la finca Marina Cué, en Curuguaty, donde grupos de familias campesinas, integradas por hombres, mujeres y niños, reclamaban el derecho sobre unas dos mil hectáreas.
Esto es apenas una parte del latifundio de la familia Riquelme, mantenido en su poder a pesar de los reclamos por ser tierras pertenecientes al Estado y destinadas a una supuesta Reforma Agraria.
Por decisión de un fiscal y una jueza, se convirtió una orden de imputación de los campesinos en otra de desalojo inmediato por la fuerza y un tiroteo generalizado dejó como saldo 11 labriegos y seis policías muertos, más de 70 heridos y un grupo de civiles detenidos.
La investigación de la Plataforma, encabezada por un jurista español, con lujo de detalles, fotografías, videos y declaraciones de quienes se encontraban en el lugar, mostró que personas desconocidas, con armas automáticas nunca poseídas por los campesinos, iniciaron el tiroteo y facilitaron la represión indiscriminada.
El país estremecido hasta sus fibras más íntimas, una campaña mediática implacable y una conjunción de planes de los partidos tradicionales, lograron casi inmediatamente lo que, para muchos, fue el objetivo cuidadosamente preparado: el golpe parlamentario para destituir al presidente constitucional y ocupar el poder.
Durante todo el tiempo transcurrido posteriormente, organizaciones sociales y sectores progresistas insistieron en la necesidad de aclarar debidamente el episodio.
Los abogados defensores de los 14 presos, todos campesinos, denunciaron el carácter parcial de la actitud del fiscal Jalil Rachid, a quien acusan de vinculación familiar y amistosa con los latifundistas de la zona, incluida a la propia familia Riquelme, sin conseguir eliminarlo de la causa.
También lo acusaron de no admitir en la propia causa las pruebas presentadas sobre la inocencia de los presos, los atropellos contra ellos, la muerte innecesaria de algunos de los labriegos fallecidos y las condiciones de prisión de los encarcelados durante el largo período de tiempo sin juicio, incluidas dos mujeres embarazadas.
El documentado informe de la Plataforma permitió revivir gráficamente instantes de los hechos que abonan a favor de la presencia en el lugar de elementos ajenos a los trabajadores rurales, cuya misión fue magnificar el mortal incidente. Ahora, Paraguay arriba al primer aniversario de la llamada masacre de Curuguaty y encuentra a muchos campesinos de la zona y familiares de las víctimas dispuestos a reeditar la ocupación de las tierras en reclamo de justicia y de la intervención del Estado para recuperarlas y entregarlas a los campesinos.
Los sectores de izquierda y especialmente el Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones progresistas, pretenden reclamar en el nuevo Congreso que tomará posesión el primero de julio, la integración de una Comisión independiente para que resplandezca la verdad.
El tiempo dirá si ello se logra y si en Curuguaty se consigue vencer el derecho de los campesinos por sobre el insaciable apetito de los geófagos paraguayos.
(*) prensa-latina.cu
