Guillermo Navarro Jiménez (*)
Más allá de la ilegal destitución del Presidente Fernando Lugo -por el irrespeto al debido proceso-, la medida adoptada por el senado paraguayo permite advertir una serie de elementos que, a nuestro criterio, deberían ser objeto de consideración por parte de quienes ostentan el poder político en los países progresistas de América Latina, para evitar la réplica de similares experiencias en el futuro cercano. Los elementos que consideramos deben plantearse y analizarse, a la luz de la realidad concreta de cada uno de los países de la región, son las que se precisan inmediatamente, con especial referencia a la realidad ecuatoriana.
1. En el marco de la lucha ideológico-política, es evidente que la oposición ha posicionado la tesis liberal que propone la división de poderes como elemento propio, sine qua non dela democracia. Eneste campo la respuesta de las fuerzas progresista ha sido inadecuada, timorata y descaminada, puesto que se han allanado a esa conceptualización, dejando de lado un hecho incontrovertible: la división de poderes ha sido siempre y es una ficción en todos los países «democráticos» de América Latina, puesto que el poder que ejercen las clases dominantes constituye una unidad, lo ejercen tanto a nivel del ejecutivo, como del legislativo y el poder judicial. Esta tácita aceptación, inevitablemente condujo a una suerte de negación del derecho de las fuerzas progresistas a copar los tres poderes, como recurso para poder avanzar en el proceso transformador, sin percatarse que con ello estaba legitimando un mecanismo que, en la historia reciente de América Latina, ha sido de gran y eficiente utilidad para destituir presidentes progresistas elegidos democráticamente, cual es el caso de los presidentes Zelaya en Honduras y Lugo en el Paraguay. Recurso al que, sin duda alguna, acudirá la oposición en el Ecuador, de lograr una mayoría parlamentaria en las próximas elecciones.
2. El Presidente Rafael Correa, al igual que Fernando Lugo y, especialmente, el presidente Hugo Chávez, en forma reiterada invocan la democracia formal, acuden al «electoralismo», al recalcar y poner énfasis en los triunfos electorales alcanzados en las últimas elecciones como su razón de ser. Esta tesis oculta que el «electoralismo», cuando no existen estructuras políticas que, por una parte, intermedien las relaciones masa-partido-líderes, y, por otra, otorguen direccionalidad estratégica a los procesos de transformación -cual es el caso del Presidente Hugo Chavez en Venezuela, si recordamos que el PSUV se constituyó años luego del primer triunfo electoral, o del Presidente Rafael Correa, quien hasta la fecha cuenta tan sólo con un movimiento producto de la amalgama de movimientos de todo el espectro político-, inevitablemente conduce al «hiperliderazgo», con las consabidas secuelas: la erosión del posicionamiento político de los funcionarios públicos que afecta a futuras postulaciones electorales por limitaciones, autoimpuestas o impuestas, a su pensamiento crítico, a un pensamiento y decisiones autónomas que los identifique; y, por el desarrollo del oportunismo que propicia en las filas de sus organizaciones que, en este caso, debilita las posibilidades electorales de la organización, por el consabido desprestigio que acompaña al oportunismo. En el caso del Ecuador el «hiperliderazgo», para su consolidación, en forma equivocada ha recurrido a constantes pronunciamientos presidenciales en contra dela Asamblea Nacionalen forma generalizada, con lo que igualmente ha erosionado la capacidad electoral de sus actuales asambleístas, sin percatarse que el ámbito en que se jugará su futuro será, precisamente,la Asamblea Nacional. Loanotado señala que si bien la existencia de un líder, sea cual sea el proceso político que se desarrolle, es inevitable y necesario, no lo es un hiperliderazgo de las características que se desarrolla en el Ecuador, puesto que más temprano que tarde demostrará sus falencias e incluso su ineficiencia electoral.
3. Dadas las limitaciones de los movimientos políticos que posibilitaron la elección de los países capitalistas progresistas de América Latina, el acudir a alianzas con las más diversas organizaciones sociales y políticas es una constante. Alianzas que se debilitan durante el ejercicio del poder hasta el punto de convertirse en fuerzas opositoras con gran capacidad de decisión o de movilización. El caso del Paraguay es paradigmático: el partido liberal, aliada del ex Presidente Lugo, fue parte del complot legislativo para su destitución, una vez que se retiró del gobierno y se alió con el partido Colorado. En el Ecuador, esta disquisición es de gran importancia, ya que se constata un retiro de fuerzas inicialmente aliadas, por distintas razones que han vuelto incluso precaria la mayoría en la Asamblea Nacional indispensable para la aprobación de leyes que sustenten la transformación, a más de convertirse en una oposición cerrada, intransigente, poco reflexiva por causas tales como el desarrollo minero, las reformas educativas y judiciales, o el carácter de las consultas pre legislativa o para la ejecución de determinados programas y proyectos. Cambios que el ejecutivo no ha tratado como contradicciones en el seno de una alianza sino a través de una abierta confrontación, como si de enemigos de clase se tratase, sin considerar las repercusiones que ello podría generar en el futuro cercano, principalmente para captar la mayoría en la Asamblea Nacional. Lo ocurrido a nivel del senado paraguayo es necesario considerar para enmendar rumbos, en el propósito de consolidar una alianza amplia que posibilite un triunfo electoral en el 2013, no sólo del líder a la presidencia, sino de una mayoría en la Asamblea Nacional. El persistir en la confrontación con potenciales aliados augura un futuro electoral incierto.
4. Sí bien en los países capitalistas con democracias representativas es el proceso electoral el que formalmente legitima a un gobierno, su legitimidad real depende de la eficacia y eficiencia que demuestra el equipo gobernante durante el ejercicio del poder para satisfacer las demandas de transformación por las cuales se pronunciaron, en forma mayoritaria, los pueblos de los países progresistas de América Latina. Eficacia y eficiencia que se sustenta en la capacidad del líder -el cual opera en el marco de sus potencialidades y debilidades ideológicas y políticas-, para adoptar una política pública con un alto contenido social, como en el Ecuador y Venezuela, posición que asegura una base social importante. Base social cuya presencia adquirió enormes dimensiones en los conflictos sociales como el golpe de Estado venezolano o en el intento de golpe de Estado en el Ecuador del 30 de septiembre. Base social ausente en el caso de Paraguay, en el cual el número de opositores a la decisión parlamentaria fue extremadamente débil. En consecuencia, es necesario advertir que sólo una política pública de gran contenido social puede asegurar el apoyo necesario e indispensable para neutralizar los golpes parlamentarios, por lo que es imprescindible persistir y profundizar en esta línea de acción.
5. La altísima concentración de la propiedad de la tierra y la concomitante injusta distribución de la mismas es, sin duda alguna, uno de los principales problemas a ser considerados por los gobiernos progresistas de América Latina. En este campo el ex presidente Lugo se restringió a la adjudicación de tierras bajo la legalidad imperante, por lo que, simultáneamente, reprimió duramente las ocupaciones de predios por parte de los campesinos sin tierra, demostrando incapacidad política para rebasar los límites impuestos por el ordenamiento económico y social capitalista. Situación que deberán considerar los presidentes de los países progresistas, no sólo para ampliar su base social como resultado de la redistribución de la tierra, sino y principalmente para persistir en la tan anunciada transformación. Problemática que, por otra parte, exige adoptar nuevas formas de adjudicación de las tierras para evitar la contradicción que genera la tradición jurídica que impera en nuestros países: propiedad privada sobre el suelo y estatal, social sobre el subsuelo. Sería prudente considerar como fórmula de solución a la contradicción planteada, limitar la entrega del suelo al usufructo, incluso con derecho a heredarlo, lo cual no afecta a los campesinos adjudicatarios, puesto que el objetivo de disponer un bien productivo no es otro que el disponer privadamente de los beneficios económicos que puedan generar. Figura que, por cierto, se aplica en muchas otras ramas, como es el caso, por ejemplo, de la concesión de frecuencias de radio y televisión.
(*) ARGENPRESS.info
