Veronica Smink (*)
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo del Poder Ejecutivo responsable de la diplomacia de un país. Pero en Paraguay, la Cancillería pareciera ser una fuente de enfrentamientos poco diplomáticos.
Cerca de un centenar de funcionarios o ex funcionarios de esa cartera mantienen juicios millonarios contra el ministerio.
Una de esas querellas llevó a que la semana pasada una jueza ordenara el vaciamiento de las cuentas corrientes que la Cancillería mantiene en el Banco Nacional de Fomento.
El canciller, Jorge Lara Castro, señaló que la decisión “no solamente genera un daño patrimonial sino que fundamentalmente genera un daño a nuestros funcionarios (…) como así también de las representaciones diplomáticas para la implementación de la política exterior del país”.
El ministerio manifestó su satisfacción por la decisión dela Corte Supremade Justicia (CSJ) de suspender en sus funciones a la magistrada que ordenó el embargo, Blanca Mafalda Benítez.
Si bien la Cancillería no aceptó dialogar con BBC Mundo sobre este tema, fuentes cercanas al gobierno desmerecieron los motivos que llevaron a algunos empleados de esa cartera a iniciar juicio contra el Estado.
Según la versión oficial, los querellantes son burócratas acomodados que ocupaban cargos diplomáticos en el servicio exterior, e iniciaron juicios contra la Cancillería cuando fueron removidos de sus opulentos puestos.
El diario ABC digital apoyó esta postura y en un editorial acusó a los funcionarios demandantes de integrar “una verdadera mafia” junto con abogados y jueces para hacer un “negocio” a expensas del Estado.
Injustamente removidos
En cambio, los querellantes aseguran ser víctimas de una injusticia y acusan al Poder Ejecutivo de desoír los mandatos del Poder Judicial.
Víctor Hugo Peña Bareiro era ministro de la embajada en Buenos Aires cuando fue removido de su cargo en 1999.
Tres instancias judiciales, incluyendo la CSJ, fallaron a su favor y ordenaron a la Cancillería que le devuelva su cargo y le pague los salarios adeudados entre 1999 y 2004, cuando fue restituido.
Si bien volvió al ministerio –actualmente es director de Planificación Política- aún aguarda que el Estado le pague lo que le debe.
Fue su caso el que llevó al embargo ordenado porla jueza Benítez. PeñaBareiro dijo a BBC Mundo que la suspensión de la magistrada se debe a una cuestión burocrática y no debe ser leído como un respaldo de la CSJ al gobierno.
“En los últimos 15 años cerca de 150 funcionarios de Cancillería hemos sido injustamente removidos. En todos los casos la Justicia nos diola razón. Sinembargo el Estado se rehúsa a acatar los fallos”, señaló.
Nuevo gobierno, mismo Estado
A pesar de que en 2008 la llegada al poder de Fernando Lugo puso fin a seis décadas de hegemonía del Partido Colorado, Peña Bareiro siente que nada ha cambiado en el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Desde el regreso de la democracia en 1989, los distintos ministros que han manejado la Cancillería han mantenido las arbitrariedades, los abusos y el absolutismo del régimen militar”, expresó.
El analista político y periodista Eduardo Arce, del periódico digital E’a, dijo a BBC Mundo que si bien la llegada de Lugo supuso un cambio político en Paraguay, el mandatario “no avanzó en la democratización del Estado”.
“Quedó como legado del régimen de Alfredo Stroessner un aparato estatal autoritativo y vertical”, opinó.
No obstante, Arce consideró que si bien muchos casos de despidos en la Cancillería son injustificados, también hay un alto número de funcionarios y jueces corruptos que sacan provecho del Estado
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