La justicia en lo Contencioso Administrativo rechazó un amparo colectivo contra el DNU 70/217 que modificó la ley de migraciones y acelera el proceso de deportación de extranjeros que hayan cometido un delito. Además, este año, en las fronteras se rechazó el ingreso de alrededor de 9 mil personas con antecedentes penales
El juez Ernesto Marinelli rechazó un amparo colectivo liderado por el CELS que buscaba impugnar el DNU, diseñado expulsar del país a los inmigrantes acusados de delitos vinculados con delitos como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas y explotación sexual, además de delincuentes con antecedentes o procesos penales.
El DNU busca atajos mucho más cortos para la expulsión de extranjeros, por así decirlo .No solo prevé deportaciones para inmigrantes con pedidos de captura internacionales y acusados de delitos graves como narcotráfico o trata de personas: apunta a cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las Justicias provinciales,es decir, sin siquiera una condena firme.
Lo cierto es que las expulsiones a extranjeros acusados de delitos están en franco aumento. En 2015, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, solo hubo dos inmigrantes deportados del país. En 2016, el número escaló a 33. Hoy, en 2017, ya son 65 los extranjeros expulsados de la Argentina en cuestiones ligadas a la comisión de delitos, es decir, un aumento del 3.150% en dos años. Estos números no incluyen a ciudadanos expulsados por situaciones migratorias irregulares, como por ejemplo residencias temporarias vencidas
La defensa de «Marcos» Estrada González, el notorio capo de la Villa 1-11-14, condenado a diez años en dos juicios abreviados y con una larga investigación a cargo del juez Sergio Torres en una causa minada por incautaciones de armas, cocaína y presunto lavado de dinero en iglesias evangélicas bonaerenses, perdió una batalla la semana pasada en el fuero contencioso administrativo federal, que supervisa cuestiones migratorias: la jueza Liliana Heilland denegó un pedido de Estrada para no ser expulsado del país luego de una carrera delictiva de casi dos décadas.
Para los investigadores acostumbrados a lidiar con Estrada, como la Procuraduría de Narcocriminalidad, echar a Estrada se vuelve una suerte de último recurso, lo que no garantiza, en sus cálculos, que comande sus operaciones de forma remota.
Fuentes principales: infobae.com/la-razon.com/diariojudicial.com.ar)
