La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) anunció hoy viernes cambios en sus reglas para que una minoría de acreedores no pueda bloquear acuerdos de reestructuración de deuda soberana y evitar así un nuevo caso como el de Argentina.
Los nuevos términos para las «claúsulas de acción colectiva» (CAC) y la cláusula ‘pari passu’ -que no son retroactivos- permitirán que los cambios aceptados por una mayoría de tenedores de bonos sean legalmente vinculantes para todos, según un comunicado del ICMA.
«Los riesgos potencialmente adversos a nivel mundial del cese de pagos y la reestructuración de la deuda argentina demuestran la importancia de disponer de términos contractuales claros y sin ambigüedades en los bonos soberanos», dijo Leland Goss, abogado de la ICMA, para justificar los cambios.
Un pequeño grupo de fondos de inversión estadounidenses como NML y Aurelius -que suponen menos del 1% de los acreedores- se opuso a la reestructuración argentina y llevó su caso a los tribunales estadounidenses, exigiendo que sus bonos sean rembolsados íntegramente.
Una decisión del juez estadounidense Thomas Griesa sobre el caso acabó bloqueando los pagos al resto de los tenedores y paralizando de facto el proceso de reestructuración.
La ICMA es un organismo regulador con sede en Zúrich y está integrada por unos 460 miembros, entre ellos los principales bancos y emisores de deuda del mundo, así como por inversores.
Una portavoz de la organización dijo que estas reglas se aplicarán a las deudas gestionadas por al menos uno de sus integrantes, lo que, dado su tamaño y la importancia de sus integrantes, se difundirán en todo el mundo. Las nuevas normas «ofrecen una solución práctica al problema de las minorías de bloqueo», aseguró el organismo.
El 93% de los acreedores de Argentina aceptaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010 tras el cese de pagos de 2001, mientras que el 7% restante, entre ellos los fondos especulativos mencionados, se negó.
– El embrollo de la «pari passu» – El ICMA estimó que la interpretación de la cláusula «pari passu» que la justicia ha hecho en el caso de la reestructuración argentina conlleva «una considerable incertidumbre para futuras reestructuraciones.
Con las nuevas reglas, «se reduce el riesgo» de ver como este mecanismo se usa para «perturbar futuras reestructuraciones».
Esta cláusula legal, cuyo nombre significa en latín «al mismo paso», dispone, en el caso de una quiebra, que todos los acreedores deben ser tratados igual.
El gobierno argentino de la presidenta Cristina Kirchner denunció repetidamente la interpretación que hizo el juez neoyorquino Griesa de esta cláusula, sosteniendo que «desafía lo comercialmente razonable» y que «exacerbará futuras crisis de deudas soberanas».
Griesa determinó que, en virtud de la cláusula, como Argentina pagó a quienes habían aceptado entrar en el canje también tenía que pagar los 1.300 millones de dólares que le reclaman los fondos litigantes.
Argentina se negó porque considera que eso sería discriminatorio con quienes aceptaron cobrar menos de los que se les adeudaba y se traduciría en un aluvión de nuevas demandas.
En respuesta, el juez bloqueó 539 millones de dólares que Buenos Aires había depositado en el Banco de Nueva York para pagar a los acreedores, provocando un cese de pagos parcial del país.
AFP
