Por Luis Alen *
Igual que en los tiempos de la Colonia, antes de la independencia, el Paraguay sigue siendo un exportador de materias primas, como en el caso de la semilla de soja, sin que sea posible incrementar el valor agregado industrializando los productos primarios
La falta de una política industrial que incentive la exportación de los rubros agrícolas es una carencia que se arrastra desde hace decenios. La súper cosecha de este año de los cultivos emblemáticos del país como la soja, el maíz y el trigo, que orilla las 10 millones de toneladas, esconde un fenómeno que se agrava con el transcurrir del tiempo y que marca con nitidez un modelo económico agroexportador que no termina de propiciar un mejor aprovechamiento de esta gran producción, a través de una distribución equitativa de la renta entre la población y en procura de una mayor inclusión social.
Si bien resulta innegable el impacto económico positivo de los números en la campaña agrícola que acaba de finalizar, con la movilización de todos los factores de la producción y el mismo crecimiento de la industria que se ha verificado, salta a la vista que no hay un impacto suficiente en el mantenimiento de un ritmo de crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo.
Esto es así porque, de por sí, la mera exportación de materias primas sin mucho valor agregado incide en forma desfavorable en la creación de una mayor renta tanto en los sectores rurales como urbanos, así como resta recursos que podrían ir al presupuesto nacional en la forma de impuestos que posteriormente se vuelquen en los sectores claves de educación, salud, vivienda y servicios de agua y saneamiento ambiental.
Cada vez que se plantea gravar con tributos la actividad meramente extractiva de materias primas para su posterior venta en el exterior, como forma de alentar la industrialización de los rubros agrícolas, surge la oposición de quienes afirman que no se debe “exportar impuestos”.
Pero lo que ocurre es que las grandes transnacionales graneleras sólo descuentan del precio al productor el impuesto que se les cargue como cualquier otro costo, incluido el flete, por lo que finalmente no se “exporta” el tributo.
Corresponde entonces ver otros mecanismos, como es el caso de una política de industrialización de las materias primas que contemple la dotación de máximos incentivos a la inversión en la exportación de estos productos elaborados, que tratándose de la soja serían la harina y el aceite.
Precisamente, urge revertir la alicaída “performance” de las ventas externas de harina y aceite de soja, que hasta julio de este año decrecieron en 15 y 13 por ciento con respecto al mismo mes de 2009, en tanto que la exportación de semilla de soja aumentó 103 por ciento, según datos de Aduanas.
Del total exportado hasta julio, por 2,753 millones de dólares, correspondió a la semilla de soja el 48 por ciento, con 1,319 millones de dólares.
Le siguió la carne, con 513 millones de dólares, que es un rubro con mayor industrialización.
Sin embargo, la mayoritaria exportación sigue correspondiendo a las materias primas con poca o ninguna elaboración industrial.
Llama la atención que el Gobierno no insista a nivel internacional en convenios con países que están interesados en comprar harina y aceite de soja.
Este último rubro es muy apreciado en estos momentos y tiene buen precio, por la potenciación de los biocombustibles a nivel mundial.
Con estos acuerdos se debe buscar romper la dependencia de la venta de la semilla de soja que luego se industrializa en los países vecinos, de donde ya sale embarcada con valor agregado, dejando sólo las migajas al Paraguay
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