El mismo estará ubicado en el inmueble situado en Pasaje Colmo N° 3860 de la ciudad de Bs. As. y estará destinado al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871, a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones.
Esta resolución entrará en vigencia el 1 de septiembre y tendrá una duración de cuatro años. Al respecto las autoridades argentinas argumentan que dicha decisión es al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero.
Estas expulsiones dictadas se refieren a extranjeros con antecedentes penales o ingresados al país en forma ilegal por un paso no habilitado “El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley”
En tanto que la Policía Federal se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos
La idea no es nueva: ya en agosto de 2014, Sergio Berni secretario de Seguridad argentino de entonces, había lanzado la polémica cuando llamó a «discutir una política migratoria que permita expulsar a aquellos que vienen a delinquir». Expresiones que, por supuesto, el gobierno salió a desmentir que se esté analizando cambios en la ley migratoria para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos.
La Ley Nº 25.871, aprobada en diciembre de 2003 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de enero de 2004, se resume en los siguientes criterios:
- La Ley regula la admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas en la Argentina
- Establece que la autoridad argentina competente para atender estos casos es la Dirección Nacional de Migración junto a la Policía Migratoria Auxiliar
Organizaciones sociales sostienen que «la irregularidad migratoria no es motivo de detención»:
Desde la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina, Lourdes Rivadeneira explicó a Télam que «sea o no migrante quien comete un delito debe ser juzgado y condenado, pero asociar delito a la condición de migrante es un grave retroceso para el país y la región, porque Argentina marcó un rumbo en políticas migratorias
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), remarcó que esta decisión «implica la criminalización de los migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad
También despertó un fuerte malestar en la delegación diplomática de Bolivia en argentina. La queja llegó hasta el vicepresidente Alvaro García Linera, de visita actualmente en el país
Esperamos que las organizaciones paraguayas y nuestra Misión Diplomática en la Argentina expresen su punto de vista en este delicado tema, que también afecta a nuestros conciudadanos residentes, en especial a los que no tienen o perdieron su constancia de ingreso al país.
migraciones.gov.ar /lanacion.com.ar / telam.com.ar
Yo entiendo que cada país tiene su política sobre temas de migración, pero si los mismos argentinos son en mayor problema, si con el hundimiento de la economía argentina desde año 2000 la delincuencia creció de forma considerable, Jajajajajaha. El delincuente debe ser tratado como tal basándose en las leyes que lo apoyen. Provenga de donde provengan, ahora si resulta que agarran a uno y es extranjero, según su situación en el país, se le juzga allí mismo o se le deporta si es lo que precede. Digo yo, tampoco estoy diciendo ningún disparate, pero en fin, tal como están los argentinos que ya no pueden ni respirar gratis, dudo que los extranjeros quieran seguir por allí, aunque sea para delinquir. Ha’e nio she…