Los partidos políticos lograrían un nuevo acuerdo para impulsar cambios en la Corte. El último juicio político a los magistrados se realizó en 2003. Hoy quienes están en la mira son Víctor Núñez, Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay.
Ni bien asumió como presidente de la República, Óscar Nicanor Duarte Frutos, habló de “barrer” con la Corte Suprema de Justicia a través de un juicio político que durante los primeros meses de su mandato se llevó a cabo. El 24 de octubre de 2003, el entonces mandatario ya anunciaba que había acordado con la fuerza opositora cambiar a seis de los nuevos miembros de la máxima instancia judicial.
Para evitar ser juzgados y ante lo inevitable, los doctores Raúl Sapena Brugada y Jerónimo Irala Burgos decidieron dar un paso al costado y renunciaron a sus cargos de ministros de Corte. En la Cámara de Diputados, el lunes 3 de noviembre de 2003, se inició el juicio político para los ministros Bonifacio Ríos Ávalos, Carlos Fernández Gadea, Luis Lezcano Claude y Felipe Santiago Paredes, acusados de mal desempeño en sus funciones y delitos comunes.
Poco más de un mes duró todo ese proceso, ya que el 12 de diciembre de 2003 la Cámara de Senadores, constituida en tribunal, destituyó a los ministros de la Corte Carlos Fernández Gadea, con 44 votos (unanimidad), y Bonifacio Ríos Avalos, con 43 votos (una abstención). Minutos antes de iniciarse la sesión en la Cámara Alta, habían renunciado Luis Lezcano Claude y Felipe Santiago Paredes.
RENOVACIÓN – Ya con las renuncias y destituciones, los partidos políticos comenzaron a barajar nombres para ocupar los cargos vacantes. Con el retorno de los parlamentarios de su largo receso, el lunes 15 de marzo de 2004 se cumplió en el Senado el acuerdo político entre el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, y los partidos políticos.
Se llenaron las seis vacancias con los nuevos ministros de Corte: Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, César Garay Zuccolillo, Raúl Torres Kirmser, Alicia Pucheta de Correa y José Altamirano Aquino. Esa misma tarde, Duarte Frutos firmó el acuerdo constitucional de la designación de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Víctor Núñez asumió en 2003 en reemplazo de Enrique Sosa, quien renunció a su cargo de ministro por cuestiones personales, mientras que a Elixeno Ayala lo sustituyó Antonio Fretes (colorado). Nicanor Duarte Frutos, antes de completar su primer año de mandato, ya cumplió su promesa de “barrer” con la Corte Suprema de Justicia e hizo las movidas necesarias para tener una Corte a su medida.
LUGO – Fernando Lugo, quien asumió en 2008 la Presidencia, fue tal vez el que menos interés demostró por hacer una Corte a su medida; sin embargo, se dieron varios intentos por tratar de sacar a los ministros, entre ellos Antonio Fretes, Víctor Núñez y otros, pero nunca se logró el consenso con la ANR. Después Lugo fue destituido en 2012 y reemplazado por Federico Franco, pero el breve lapso de mandato que tuvo el liberal tampoco permitió hacer grandes movidas.
Recién ahora, con el gobierno de Horacio Cartes, a poco más de un año de mandato, vuelve al tapete el cuoteo político y ese viejo acuerdo que tienen liberales y colorados desde hace décadas para mantener un «equilibrio» en la Corte comienza a ponerse en marcha y hace temblar la silla de los ministros que ya son inamovibles.
Todos apuntan a Víctor Núñez, cuya figura viene muy desgastada. Tras el asesinato del periodista de ABC Color Pablo Medina y la joven Antonia Almada salieron a luz supuestos nexos del ministro con grupos de narcotraficantes y ese fue el gancho de los detractores del cuestionado miembro de la Corte para iniciar los trámites de llevarlo a juicio.
Otro nombre que está en la palestra para el cambio es el de César Garay Zuccolillo, quien es considerado uno de los ministros más morosos de la máxima instancia judicial, ya que tiene una gran cantidad de expedientes sin estudiar en su despacho. La Sala Civil es, lamentablemente, la «ganadora» en cuanto a mora judicial y no es por culpa de los otros ministros que están en esa área, sino que supuestamente Garay Zuccolillo es quien no quiere firmar ningún expediente y así se acumulan los casos.
Los liberales Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac son otros que están en la mira para ser llevados al banquillo de los acusados en los estrados parlamentarios. Blanco había admitido en una entrevista radial que mintió sobre su inamovilidad en el Senado para seguir siendo ministro de la Corte Suprema. También en diferentes publicaciones de este diario se dio a conocer una lista de familiares del ministro que son funcionarios del Poder Judicial.
Blanco es conocido como un ministro al que le gusta trabajar «en familia», puesto que tiene a toda su parentela dentro del Poder Judicial: su esposa, hija, hermano y cuñados cobran jugosos salarios del Estado. La esposa de Sindulfo Blanco, María Auxiliadora Insaurralde Galeano, tiene el cargo de coordinadora en el Poder Judicial y gana G. 11.007.670. La cuñada del doctor Blanco, María Angélica Insaurralde de Morales, es agente fiscal en la Fiscalía General del Estado y tiene un salario de G. 11.808.666.
Sindulfo Blanco es ministro inamovible, pero para lograr esa categoría mintió. Cuando en 2009 se hablaba de que lo iban a sacar de la máxima instancia judicial, mintió sobre sus años como juez para lograr ser inamovible. Pasó el tiempo y el doctor confesó este hecho como una anécdota más.
Si Miguel Óscar Bajac es llevado a juicio político, será su segunda vez, ya que en 2010 fue sometido a esta instancia por hechos de corrupción. En esa ocasión, el ministro fue salvado por colorados, oviedistas y sus correligionarios liberales. Por 64 votos a favor y solo seis en contra, el caso contra Bajac fue archivado; no obstante, hoy la óptica política aparentemente cambió y el cristal con que se juzgaría a este miembro de la Corte es otro.
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