El Ejecutivo avanzó en el endurecimiento de su política migratoria y acelerar la deportación de los extranjeros que cometan delitos, los reincidentes y prohibir el ingreso de aquellos que ya tengan una causa judicial abierta en el país
Este convenio fue suscripto entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la dirección de Migraciones; representantes del Consejo de Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
Así, el Gobierno suscribió un protocolo de acción con seis provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz. «La idea es ofrecerles a los actores fundamentales de los procesos de de decisión, que son los Procuradores, las herramientas que tiene Migraciones, que son muchas. Todos los fiscales con causas con extranjeros en conflictos con la ley nos pueden pedir información. Nosotros tenemos todo en nuestras bases de datos y en tiempo real», señaló a Infobae Horacio García, director de Migraciones.
A las provincias mencionadas se suma Buenos Aires, que suscribió el mismo acuerdo a finales de enero de este año.
Debido a que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) es la autoridad de aplicación de la Ley de Migraciones N° 25.871 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 616/2010, y su modificatorio N° 70/2017, y a efectos de facilitar y agilizar las tareas de investigación, la DNM facilitará la consulta de información disponible en sus bases de datos respecto de la situación migratoria de personas, las restricciones para el ingreso y/o egreso del territorio nacional y los movimientos migratorios
La idea de la Rosada es avanzar con todos los procuradores de las provincias y las justicias provinciales en un protocolo «que permita generar procesos de información más fluidos» para acelerar la deportación de extranjeros que ingresan a la Argentina con antecedentes penales en sus países. Y también avanzar en la erradicación de inmigrantes que tengan condena firme.
Esta medida viene a complementar el Decreto 70/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri para disponer la permanencia de extranjeros acusados de delitos en el país, algo que causó revuelo en enero de 2017, porque deportar a un extranjero del país no es algo jurídicamente fácil; por ejemplo, en lo casos de delincuentes comprobados y de alta peligrosidad. Desde la firma de este decreto, 490 extranjeros fueron deportados
Sin embargo, y según informó Horacio García. «Tenemos que armar toda una infraestructura. No es de un día para el otro, porque cada deportación se trabaja de manera individual.
En el Ejecutivo advierten que Argentina sigue siendo uno de los países más receptores de inmigrantes en Latinoamérica. «Nuestra política es inclusiva con inmigrantes que vienen a conocer Argentina, a trabajar y a estudiar. Lo que queremos es ser exclusivos con los delincuentes, los narcos y las mafias«, enfatizó el funcionario
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