Los once campesinos acusados por la masacre de Curuguaty fueron condenados ayer en medio de una incidentada lectura de las penas.
Los abogados defensores plantearán la nulidad del juicio. Rubén Villalba, considerado líder del grupo, recibió 30 años por homicidio doloso, más 5 años de medidas de seguridad y fue remitido a Tacumbú.
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero, solo dio a conocer la parte resolutiva de la sentencia condenatoria. El fallo completo será leído el próximo lunes 18 de julio, a las 11:00.
Por su parte, Luis Olmedo (con pena de 20 años), Arnaldo Quintana y Néstor Castro (ambos con 18 años), fueron a Emboscada. Asimismo, se resolvió que Fanny Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero (6 años), guarden arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme, mientras que los condenados a 4 años de cárcel, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan C. Tillería fueron liberados por compurgamiento de la pena.
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CURUGUATY: CRÓNICA DE UNA CONDENA ANUNCIADA
El proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su inicio, hace ya cuatro años.
Ayer, 11 de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se abrió en 2012 sobre los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En medio de numerosas protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera y dentro del Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -homicidio doloso consumado y en grado de tentativa, según el caso- y establecieron condenas que van de los 30 a los 4 años de prisión.
El proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su inicio, hace ya cuatro años. Entre otros, destacan la toma de testimonios sólo a policías, que no se hicieron adecuadamente las pericias, incluida la de balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre, que se “perdieron” posteriormente evidencias forenses que indicaban el ajusticiamiento de campesinos, y la existencia de fuertes indicios de imparcialidad del fiscal y de otros letrados intervinientes en el caso, que sesgaron la orientación de la investigación hacia la culpabilidad de los acusados. La tónica de este largo juicio ha sido, desde el comienzo, la inversión del principio de presución de inocencia -desde su inicio los acusados están privados de su libertad
telesurtv.net (Camila Vollenweider)
