Hildegardo González, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), aseguró que seguirá la clausura de las carreras de “garaje”, desafiando la presión política y la maniobra judicial que se deban enfrentar.
Hace días, los ministros de la Corte Miryam Peña, Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, otorgaron una medida cautelar a seis universidades y frenaron el cierre de ramas de Medicina.
“La decisión de la Corte Suprema nos impactó un poco, pero vamos a seguir peleando y les garantizamos que las carreras de Medicina que no reúnan los requisitos para operar, serán clausuradas. Estamos en eso, no nos van a atar de manos y pies. Vamos a poner orden en la educación superior”, dijo en tono desafiante y tajante el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Ya con una edad avanzada y cansado por la “lluvia” de presiones que se recibe tras cada clausura de carreras o de universidades, González enfatizó que pretende sanear todas las instituciones. “Quedarán solo las que mantengan altos estándares de calidad educativa. Se terminó el festín”, indicó.
Las universidades Leonardo da Vinci, María Auxiliadora, Universidad del Chaco, Universidad Central del Paraguay, Universidad del Sol y Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo solicitaron la suspensión de los efectos de la resolución 166 del Cones, porque consideran inconstitucional.
La 166 no permite que se sigan habilitando carreras mediante la Ley 2529, más conocida como “Ley Marco”, desde que la misma fue derogada en el 2010. Ahora, el Cones debe verificar y autorizar la habilitación de todas las carreras y filiales que se quieran ofertar.
El ente había clausurado varias carreras de Medicina de estas 6 universidades que dejó miles de alumnos a la deriva. Sin embargo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron lugar a la medida cautelar solicitada por las citadas universidades. Y estas seguirán operando hasta tanto la máxima instancia defina la inconstitucionalidad.
Políticos causaron caos –Los responsables de la nefasta situación de la educación superior son los políticos, quienes abrieron la “canilla” para la creación de universidades con carreras “garajes”.
Entre los años 2006 y 2010, mediante la Ley 2529, más conocida como “Ley Marco”, los parlamentarios habilitaron 26 universidades sin tener en cuenta ni siquiera los más mínimos requerimientos. Esta ley ya no está vigente, pero el daño que causó sigue golpeando hasta ahora.
La Universidad Gran Asunción (Unigran), por ejemplo, tiene como rector a un político activo, Juan “Yoyito” Denis, actual representante en el Parlamento del Mercosur. La Universidad Nihon Gakko pertenece a un exparlamentario, Dionisio Ortega (PLRA). En tanto que en la Universidad Santa Clara de Asís (Usca) la rectora y propietaria es la actual diputada Esmérita Sánchez (PLRA). El rector de la Universidad de Pilar, Víctor Ríos (PLRA), actual diputado
